Necesidad del planteamiento

Aunque la  mayoría de los colectivos involucrados en los procesos de adopción (funcionarios y técnicos de la administración española y de los países de origen, ECAIs, familias adoptantes y familias biológicas), actúan bajo criterios éticos y morales indiscutibles, no es menos cierto que también existen profesionales y funcionarios poco celosos en el cumplimiento de su deber, ECAIs que ven en las adopciones internacionales la posibilidad de lucro personal, familias en los países de origen, en situaciones de vulnerabilidad, que renuncian a sus hijos por distintas circunstancias, y familias en los países de acogida a las que no les importa anteponer sus deseos de ser padres/madres frente al respeto al derecho de los niños. Todas estas eventualidades pueden convertir la adopción en un proceso que no sea honesto, limpio, y transparente, ni tenga como fin último el bien superior del menor.
Por este motivo, según señala UNICEF, el aumento espectacular que se ha producido en los últimos años en la adopción internacional, ha generado el crecimiento desafortunado de una “industria” alrededor de la adopción.
En los países de destino, la presión de la demanda ha impulsado a determinadas personas y entidades, a dirigir sus miras a países de pobreza extrema en el Tercer Mundo, para que autoricen la salida de niños y niñas que cumplan las expectativas de los solicitantes, sin importarles el incumplimiento de las normas del Convenio de La Haya, que regula a nivel internacional las adopciones. Curiosamente, aunque muchas aparezcan registradas como asociaciones sin ánimo de lucro, reciben pingües beneficios por sus actividades.
En los países de origen, la mayoría países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, con estructuras políticas inestables y escasas y con poblaciones que viven en condiciones de pobreza, esta situación fomenta prácticas ilícitas por parte de quienes están en situaciones de privilegio, que van desde omitir ciertas disposiciones legales, retribuir los servicios de manera desproporcionada, falsificar documentos, sacar consentimientos con prácticas engañosas, e incluso robar niños o amenazar a mujeres embarazadas para que abandonen a sus bebés.
Todas estas circunstancias hacen necesario que se ponga luz en estas zonas oscuras de la adopción y que se haga una reflexión sobre los planteamientos éticos que deben presidir las conductas de las dos tríadas involucradas en todo proceso de adopción: familia biológica-menor-familia adoptiva y país de origen-menor-país de acogida.
En las dos tríadas, el menor es la figura central porque está unido a los otros dos miembros de manera inherente. Esto significa que el interés superior del menor no se puede alcanzar sin tener presentes los derechos de los otros miembros de la tríada. Toda adopción en la que se dañe a cualquiera de los miembros de la tríada, resultará, en una u otra forma, dañina para el menor. Por tanto, una adopción ética, que es la que busca el bien superior del menor, es aquella que respeta la dignidad y los derechos de todos los miembros de las tríadas.
La reflexión sobre esta y otras cuestiones es fundamental y necesaria tanto para las familias, como para las Administraciones, como para los profesionales involucrados en los procesos de adopción, un marco ético de referencia que permita a cada uno de los agentes implicados el alcanzar el objetivo último de toda adopción, que es el bien superior del menor.

Marco ético del menor adoptado

Tanto las familias como los profesionales que intervienen en todo proceso de adopción, deben tomar las medidas necesarias para asegurarse de que la situación de desamparo del niño/a no se deba a abusos, tráfico, venta o secuestro.
Cuando la adoptabilidad del menor es consecuencia del consentimiento de sus padres, hay que verificar que los padres hayan dado su consentimiento libremente, sin presión y sin contrapartida material o de otra índole. Dicho  consentimiento (especialmente el de la madre) no se debe dar antes del nacimiento o en las primeras semanas de vida del niño/a.
Por tanto, la adopción es un proyecto de vida que sólo podrá decidirse a partir de la constatación de que la familia de origen no puede hacerse cargo del menor y de una evaluación de la aptitud del niño para insertarse en un entorno familiar de sustitución. Esto determinará su adaptabilidad psicosocial, que vendrá completada por su adaptabilidad jurídica que establece la ruptura definitiva de los lazos de filiación con los padres de origen y que tendrá que ser determinada antes de iniciarse el proceso de adopción.
En ocasiones, los ejemplos de malas prácticas en este sentido son conocidos y consentidos por una o varias de las partes involucradas, como veremos más adelante, por lo que hacen falta más mecanismos de control por parte de la Administración para evitar estas circunstancias.

Marco ético de la familia adoptante

La adopción es un derecho del menor que necesita una atención parental de sustitución permanente. Tiene como objetivo principal brindar a un niño que ha experimentado situaciones traumáticas (entre ellas el hecho de que su familia biológica no haya podido cuidar de él) la familia más adecuada para suplir esas necesidades. No es un derecho de los adultos a conseguir que se les confíe un niño o niña porque así lo desean.
El menor que necesita ser adoptado es un niño/a que ha padecido graves carencias; su historia, su situación de adoptado y a veces sus rasgos físicos, en caso de adopciones interétnicas, lo hacen diferente. La familia que lo prohije no debe aumentar sus diferencias o sus carencias, sino ofrecer o revalorizar las referencias maternas y paternas que le han faltado o lo han perjudicado, cumpliendo una función reparadora y asegurándole un entorno que pueda facilitar su integración social. Es indispensable, por tanto, que las personas a las que se les confíe el menor sean capaces de asumir estas responsabilidades, teniendo la habilidad de hacer frente a las dificultades específicas de la relación familiar adoptiva. Por tanto, es preciso reconocer previamente la idoneidad de la familia adoptiva para confirmar o descartar la elegibilidad de dicha familia para adoptar, elegibilidad que es el objetivo del Certificado de Idoneidad y que es un requisito previo a la adopción del menor.
La detección de certificados de idoneidad y estudios psicosociales fraudulentos por parte de la Junta de Andalucía en otoño de 2008 puso de manifiesto que algunas familias pretenden usar atajos ilegales, pero los menores tienen derecho a que sus procesos cumplan con todas las garantías, incluida la de que sus futuros padres sean una familia adecuada para acogerlos en su seno.
En este sentido es también fundamental que las familias solicitantes no oculten o maquillen parte de su realidad a los profesionales encargados de hacer el informe psicosocial, previo a la concesión del Certificado de Idoneidad. El número de adopciones truncadas o fallidas, que están en torno al 1%, lo cual significan unos 500 niños, indica que los CI no se dieron con las suficientes garantías o que otros mecanismos de control no funcionaron adecuadamente.
Por otra parte, algunas cuestiones que las familias adoptantes deben tener presentes para evitar situaciones de irregularidad es analizar, por ejemplo, las exigencias financieras del orfanato de donde provienen los niños. ¿Cuánto dinero piden? ¿Cómo está organizada esa institución? ¿Qué documentos acompañan la adopción? ¿Es la declaración de renuncia a la paternidad auténtica, o es una copia exacta a otras declaraciones, o sea un texto estándar? En pocas palabras, la documentación y el procedimiento en el país de origen pueden dar indicios de si se trata de una adopción irregular. Parece razonable comprobar exhaustivamente todo el proceso porque desgraciadamente hay un extendido tráfico infantil. No era éste el caso cuando estos procesos de adopción se iniciaron en los años noventa en España y en los setenta en otros países occidentales, pero la situación ha cambiado en la actualidad.

También es importante comprobar las tarifas de la ECAI y el destino de las distintas partidas, especialmente el dinero dedicado a cooperación con el país de origen o con el orfanato donde se encuentra el menor.
Todos estos datos permitirán a la familia una primera criba o control para evitar caer en manos de personas desaprensivas que, amparándose en el deseo de ser  padres, los haga partícipes, a veces sin ser conscientes de ello, del engranaje que convierte un hecho feliz, como es la adopción, en un acto que atenta contra el derecho de un menor y de su familia biológica.