Marco ético de la estructura adoptante. País de origen

La adopción internacional puede dar lugar a prácticas que vulneran los derechos de la infancia reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño cuando las estructuras adoptantes, tanto en los países de origen como en los de acogida, no se rigen por principios éticos que protejan a los menores del riesgo de caer en manos de personas que, con fines lucrativos o de otro tipo, permiten que la adopción se convierta en un mercado donde el secuestro, la venta y el tráfico infantil son moneda corriente, con el consentimiento tácito o implícito de las partes interesadas.
Tenemos ejemplos en los que los países de origen han ejercido el control necesario para evitar adopciones irregulares, que es nada más que un eufemismo para encubrir términos más duros como los mencionados anteriormente, pero es necesario ser conscientes de que tales prácticas existen si queremos acabar con ellas. Veamos dos ejemplos en los que estos mecanismos de control se han ejercido, aunque demasiado tarde para impedir que algunos menores y sus familias, tanto biológicas como adoptivas, sufran las consecuencias.
En el año 2003, la Autoridad Central en materia de adopciones internacionales de Bolivia suspendió a una ECAI española, al conocerse siete casos de procesos irregulares, mientras se procedía a la correspondiente investigación. El punto principal que motivaba la suspensión estaba referido a los trámites de adopción en los que hubo “entregas directas” de niños con el consentimiento de los padres biológicos (Art. 29 de la Convención de la Haya sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopciones internacionales).
En el 2006, el Gobierno de Bolivia decidió suspender la acreditación de otra ECAI española, a la que acusaba de haber vulnerado el convenio de La Haya y el Código del Niño, Niña y Adolescente boliviano.
La investigación del caso involucraba a una jueza de la ciudad de Sucre y a la representante en Bolivia de la ECAI, así como al abogado de la misma. Mientras las dos primeras negaron las acusaciones, el abogado admitió el delito de haber sobornado a la jueza para obtener autorización de adopción sin previo cumplimiento de los requisitos legales.
Las autoridades bolivianas señalaron que la ECAI española venía intermediando adopciones internacionales en Bolivia desde 2002, teniendo como antecedentes varias denuncias de irregularidades en su desempeño institucional.
También se cita a su vez una resolución del Consejo de la Judicatura del 19 de Agosto de 2005 en la que se declaraba probada una denuncia contra la jueza, por haber favorecido adopciones promovidas por esta ECAI a cambio de dinero y regalos. La Fiscalía imputó a la jueza por la comisión de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y beneficios en razón de cargo.
El documento concluye que esta ECAI española “no cuenta con la idoneidad requerida para garantizar la transparencia en el proceso de adopción internacional, puesto que éstas deben ser sustanciadas en función superior del niño y no en función de lucro”.
Aunque China tiene fama de ser un país donde las adopciones son limpias y transparentes, motivo por el cual muchos de nosotros optamos por ese país, la tentación y su consecuencia, la corrupción, no conocen fronteras. En 2005 saltó a la prensa la noticia de que en Hunan y Guangdong se había desmantelado una red que se dedicaba a la sustracción de bebés, que después pasaban al sistema de adopción internacional.
En un reportaje publicado por The Washington Post en marzo de 2006, se informaba de que la policía había arrestado a 27 miembros de una banda que desde 2002 habían secuestrado o comprado unos 1.000 bebés en la provincia de Guangdong y los habían vendido a orfanatos de Hunan por 400 ó 500 dólares. El periódico citaba informaciones aparecidas en la prensa estatal china y entrevistas con fuentes cercanas al caso. La primera  señal de alarma de que algo no andaba bien fueron los signos de riqueza que empezaron a surgir en las personas relacionadas con el orfanato.   
El tribunal que juzgó el caso condenó a tres de los traficantes a 15 años de prisión y a penas de tres a 13 años a otros seis. Veintitrés funcionarios del gobierno local de Hengyang, la ciudad centro del caso, fueron despedidos. Estos funcionarios confeccionaban los informes en los que se afirmaba que los bebés habían sido abandonados. La mayoría de los bebés fueron secuestrados a inmigrantes, pensando que estas personas, algunas de ellas sin papeles de residencia, no acudirían a la policía o ésta no les haría caso.
El CCAA aseguró que el asunto estaba siendo manejado apropiadamente y rechazó hacer ningún tipo de declaración al respecto.
En 2009 salió a la luz otro caso en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Se calcula que unos 80 bebés fueron confiscados por autoridades locales de planificación familiar a familias que violaron la política del hijo único y que no podían hacer frente a la multa impuesta por el gobierno, unos 10.000 yuanes, que representaba varias veces los ingresos anuales de esas familias. Las autoridades locales de planificación familiar falsificaron la documentación para presentar a las niñas como huérfanas e insertarlas en el sistema de adopción internacional, repartiendo con el orfanato la parte del donativo obligatorio que se da en China por cada niña adoptada.
 Las  sospechas surgieron cuando se descubrió un fuerte aumento de las adopciones en el orfanato local entre 2003 y 2005, un descenso posterior (cuando se inició una campaña policial contra el tráfico de niños a nivel nacional) y un aumento nuevamente en 2007. Shi Guangying, uno de los responsables de las confiscaciones, aseguró al diario South China Morning Post, que se hizo eco de las denuncias, que la entrega de niñas al orfanato como huérfanas pese a no serlo era “una política del distrito cuando los padres no pagaban las multas”.
El tráfico de niños es un problema secular en China mucho antes de la llegada de la adopción internacional. Algunos niños eran vendidos para la prostitución, pero la mayoría eran comprados o secuestrados para venderlos a parejas sin hijos. En el caso de los orfanatos el negocio es mucho más lucrativo, ya que el donativo obligatorio de 3.000 dólares supone casi el doble del ingreso anual promedio en China.
Si tenemos en cuenta que del país han salido más de 80.000 niñas, puede pensarse que el porcentaje es mínimo, pero lo cierto es que un solo caso ya es demasiado. Ninguna de las familias que hemos adoptado en China o en cualquier otro país querríamos que nuestros hijos fueran uno de los casos de ese porcentaje mínimo de adopciones irregulares. Nuestro deseo es simplemente formar una familia, pero no a costa del sufrimiento de otra familia, aunque esté al otro lado del mundo y nunca lleguemos a conocerla.
Es evidente que los mecanismos de control son necesarios porque en cualquier sociedad, la avaricia y la corrupción están siempre a la puerta esperando y si la demanda de adopciones supera el número de abandonos en una zona determinada, la tentación es demasiado alta. Este es uno de los fallos que se repiten en muchos lugares del mundo: ligar ayuda humanitaria con adopciones. El riesgo es demasiado alto para obviarlo.

País receptor

La adopción es una medida social y legal para la protección de la infancia. Sin embargo, en las dos últimas décadas los fines de la adopción se han ido desviando de forma que, en muchos casos, la prioridad no es tanto proteger al menor sino ofrecer un niño o niña a una familia que no tiene descendencia. En este caso, el derecho a tener un hijo puede sustituir a los derechos de los niños, creando una fuerte demanda en los países de origen, donde ya no se busca una familia para los niños que están institucionalizados, sino que se trata de buscar niños con un determinado perfil que cumplan las expectativas de las familias adoptantes, niños que no necesitan una familia, sino que la presión ejercida sobre madres vulnerables en situaciones extremas los convierten, muchas veces a través de engaños y fraudes, en niños adoptables. En otros casos, aún más graves, se llega incluso al secuestro de menores. Quizás se pueda pensar que estos casos no serán muchos, pero uno es demasiado y el país receptor tiene su cuota de responsabilidad al no haber funcionado adecuadamente los mecanismos de control sobre los procedimientos que usan las ECAIs o los intermediarios o facilitadores en los países de origen.
A comienzos de 2007 un informe presentado al Ministerio holandés de Justicia demostró que una agencia de adopción habría antepuesto los intereses de los padres adoptivos al de los niños y habría dado en adopción a niños raptados en la India.
Según la policía, unos cincuenta niños procedentes de India habrían sido dados en adopción en Holanda sin que los padres biológicos los hubieran entregado voluntariamente. Existe un caso documentado de un niño reclamado por su familia. La policía india quería que se solicitara una prueba de ADN y que el niño se reuniera con su madre biológica, La complejidad de la situación la explicaba el profesor Rene Hoksbergen, catedrático emérito en temas de adopción de la Universidad Estatal de Utrecht en una entrevista al respecto. Según este experto, es difícil saber qué situación sería mejor para el niño. Si hubiese sido más o menos feliz en India, nadie lo puede decir. Ya hacía seis años que la criatura vivía en Holanda. Quizás devolviéndolo a India se le hiciera más mal que bien. Si es necesario estipular un régimen de visitas con los padres biológicos, o algo similar para paliar el sufrimiento de la familia biológica. Además, si los padres adoptivos pueden mostrar que se han esforzado por aliviar el sufrimiento de los padres biológicos, el proceso sería menos doloroso para el niño adoptado cuando conociera la historia.
Es evidente que el gobierno de Holanda tiene su cuota de responsabilidad en este incidente y que los mecanismos de control deben intensificarse por parte de los países receptores para que no ocurran estos hechos.
En España tenemos un caso similar con niños de Nepal. La noticia fue publicada por los periódicos. El País tituló: “Un drama lejano: los niños vendidos de Nepal”. En el artículo, la periodista relata el caso de una madre adoptante, que después de contar su caso, termina afirmando: “si tuviera que volver a empezar me aseguraría otra vez de qué niño adopto, es decir, huérfano o abandonado, y de que las personas implicadas no buscan a un niño debajo de las piedras para cubrir mi necesidad”.
En el artículo también se relata cómo a otra adoptante española, cuando fue a recoger a su hijo al orfanato, le dijeron que el niño estaba en su aldea natal. Acudió allí y se encontró con que el niño se estaba despidiendo de sus padres biológicos, cuya existencia ella ignoraba.
En total hay una decena de niños cuyos padres reclaman su vuelta a través de ONGs o a través de sentencias judiciales de su país de origen.
En un informe, “Adopción: ¿a qué precio?”, elaborado por Marlène Hofstetter para la Fundación Tierra de Hombres Internacional, se hace un estudio comparativo entre las leyes de regularización y las prácticas de adopción de seis países receptores (Alemania, España, Francia, Italia, Noruega y Suiza). En todas se observa la carencia de responsabilidades de dichos países receptores frente al rapto de menores, a la corrupción, a la presión sobre los padres biológicos o sobre autoridades locales y a la falsificación de documentos, todo lo cual favorece la proliferación de estos hechos en los países de origen. Es evidente, no obstante, que la inexistencia de una regulación al respecto no los exime de la cuota de responsabilidad que les corresponde en la comisión de dichos delitos.
El caso más reciente de falta de transparencia en los procesos de adopción es Vietnam. Mientras Estados Unidos cerraba las adopciones con ese país, debido a las irregularidades de los procesos, ese mismo año España ratificaba el convenio para que se iniciaran las adopciones por parte de familias españolas.
En un informe publicado el 25 de Abril de 2008 por la embajada americana en Hanoi, se denunciaban los métodos utilizados por los orfanatos, ávidos de recibir donaciones por parte de las agencias de adopción extranjeras, que son obligatorias según la ley del país. Estos métodos incluían falsificación de documentos, pagos a las madres biológicas, coerción o engaño para inducir a que enviaran a sus hijos al orfanato para darlos después en adopción sin su consentimiento, etc.
Las explicaciones que se dieron desde la Administración fueron que la corrupción procedía de la forma en la que operaban las agencias de adopción americanas, pero que nuestro sistema de ECAIs garantizaba la transparencia del proceso. La realidad es que una de estas entidades ya ha decidido no continuar tramitando adopciones en este país por la falta de transparencia del sistema. Además, a Estados Unidos, el país que más adopciones llevaba a cabo en Vietnam, se han unido ahora Irlanda, Canadá, Noruega y Suecia, en el cierre de los procesos de adopción en Vietnam, por no poderse garantizar la legalidad de los mismos. Y es que los datos hablan por sí solos. Uno de los orfanatos que recibía fondos de Estados Unidos vio aumentar el número de niños disponibles para la adopción internacional en un 2.000 por ciento en un año y volvió a sus cifras habituales cuando el país decidió interrumpir las adopciones y, por tanto, dejaron de llegar fondos  al orfanato.
Según funcionarios de la embajada española en Vietnam, ellos carecen de medios para comprobar que los documentos de los niños son legales y que no han sido obtenidos a través de prácticas fraudulentas. Por su parte, en palabras de funcionarios del organismo vietnamita que tramita las adopciones, el sistema es incapaz de garantizar la adoptabilidad de los menores en todas las etapas por falta de una infraestructura adecuada. Sí puede hacerlo desde que el menor entra en el orfanato, pero no en la etapa anterior, es decir, en la forma en la que el menor llega al orfanato, ya que se han encontrado declaraciones de orfandad fraudulentas, niños que salían del país sin el consentimiento de los padres, etc. En estas condiciones, ¿qué impulsa a la Administración española a embarcarse en la firma de un convenio que abre las expectativas y las ilusiones de muchas familias a las que no se les puede garantizar la transparencia y legalidad del proceso? ¿Qué impulsa a las ECAIs a trabajar en un país, donde la imposibilidad del sistema para garantizar la adaptabilidad de los menores es reconocida por el mismo organismo encargado de velar por la legalidad y transparencia de los procesos de adopción?
Es significativo que sean las propias familias adoptivas a través de CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento), quienes pidan a las autoridades competentes que se ponga freno a estas situaciones. Reproducimos a continuación el texto remitido a las distintas administraciones del estado.