El control de las ECAIs

Ya en 2002, el presidente de SEDA (Sociedad Española para el Desarrollo de la Adopción), en su comparecencia ante la Comisión Especial sobre Adopción Internacional del Senado, entre las problemáticas que planteó, se encontraba la referente a las ECAIs, en el sentido de que el decreto regulador de estas entidades, de Diciembre de 1996, establecía unos requisitos mínimos y simplemente formales para la acreditación de éstas, según las directrices del Convenio de La Haya, pero estos requisitos no eran ni son suficientes para garantizar la profesionalidad de los responsables, ya que se crearon asociaciones/ fundaciones con el único fin de dar el soporte de la figura jurídica, para poder actuar como ECAI. Se exigía experiencia demostrable, pero indefinida, pero la realidad es que se hicieron acreditaciones masivas, sin que se realizara una selección previa entre Entidades para acreditar únicamente a aquellas cuya trayectoria, experiencia y profesionalidad garantizaran un trabajo de la seriedad y sensibilidad que esta actividad requiere.
Las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional nacieron en nuestro país por delegación de las entidades públicas competentes en materia de adopción, para cubrir aquellos servicios de gestión, formación, tramitación y apoyo y acompañamiento que la propia Administración no podía asumir.
Se intentó acabar con las mediaciones privadas que hacían imposible el control de la legalidad de las adopciones, pero la realidad es que algunas de estas entidades carecen de la ética que se les suponía, como lo demuestran los hechos.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su comparecencia ante el Senado en Septiembre de 2003, señalaba que las quejas planteadas por las familias adoptantes en relación con las ECAIs se referían sustancialmente a la escasa preparación o experiencia de los profesionales de dichas entidades y a la falta de rigor y profesionalidad de sus representantes en el extranjero, así como la formulación poco clara de los honorarios y tarifas que aplicaban.
También indicó que durante los años transcurridos desde que se inició la habilitación formal para la actuación de estas entidades, las Comunidades Autónomas habían dictado algunas disposiciones con el fin de proceder a la regulación y control de las mismas, disposiciones que se habían mostrado insuficientes para garantizar la calidad de los servicios que ofrecían.
En la práctica, según el Defensor del Pueblo, habían proliferado un gran número de entidades acreditadas, con muy distintos medios y recursos, y muy diversa experiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, algunas de las cuales, bajo un aspecto de benéfica actuación, se habían convertido en oficinas a la búsqueda de beneficios, recargando los gastos de manera excesiva.
En esa misma comparecencia hizo referencia a una anterior, correspondiente al año 2001, en la que ya señalaba la necesidad de que algunas Administraciones autonómicas procedieran a revisar la normativa de acreditación de las entidades colaboradoras, dando una mayor importancia a cuestiones como la composición de los equipos profesionales, los medios de control e inspección precisos para detectar posibles enriquecimientos injustos y la eliminación de actuaciones que supongan presión de cualquier tipo sobre los adoptantes, teniendo en cuenta la especial inseguridad y la situación de dependencia en que se encuentran los mismos, que perciben la actuación de esas entidades como el único medio para convertir en realidad sus esperanzas de ser padres.
El hecho de que tuviera que insistir en su comparecencia del 2003 en lo que expuso en el 2001, era muestra de que no se había hecho nada al respecto.
A su juicio, también redundaría en un mejor control y funcionamiento de dichas entidades, además de constituir una obligación contemplada por la misma Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la creación de un registro de reclamaciones formuladas por personas que acuden a las entidades acreditadas.
Las denuncias hechas por el Defensor del Pueblo eran compartidas incluso por algunos de los presidentes de las mismas entidades. En un artículo aparecido en el diario ABC, con fecha 30-10-2003, el presidente de una de ellas, decía: “Desde 1998 se han formado ECAIs multimillonarias, pero este hecho no es desconocido por algunas Administraciones, que saben que hay gastos no justificados. Esos beneficios van a parar a sueldos millonarios que cobran los profesionales en España y cifras disparatadas de las delegaciones en el país extranjero. Y al final recae sobre las facturas que deben pagar los padres… el problema se agudiza porque no siempre se realizan auditorías”.
El presidente de otra ECAI explicaba que “hubo un tiempo en que era cierto eso de que cuatro amigos se podían juntar en un taxi y crear una agencia de adopción. Hay que procurar que las Autonomías vigilen esas agencias”. Es curioso que su agencia, precisamente, terminó desacreditada por prácticas fraudulentas en un país latinoamericano.
Algo en lo que también coincidían las diferentes ECAIs consultadas por el diario ABC era en compartir responsabilidades con las Comunidades Autónomas, ya que a éstas les corresponde, además de la tarea de acreditar a las agencias, las funciones de vigilancia y control sobre su buen funcionamiento.
Es interesante notar cómo, cuando en 2004 llegó a la opinión pública el caso de los niños nepalíes, la responsable política de la Generalitat adujo que esos problemas no existirían si fueran entidades controladas por la Administración las que llevaran a cabo los procesos de adopción, en vez de intermediarios privados. Parece que no sólo desconocía los informes del Defensor del Pueblo, sino la naturaleza humana, proclive a la corrupción cuando hay dinero de por medio y poco control, porque en 2006, los problemas surgidos con las adopciones en el Congo, fueron procesos llevados a cabo por una entidad acreditada por la misma Generalitat, que no había sido capaz de controlar la claridad y transparencia de sus actuaciones.
Otro hecho que clama al cielo es la realidad constatada en más de una ocasión de que, cuando la Administración desacredita a una entidad por irregularidad en sus procedimientos, no es extraño verla aparecer en otro país, acreditada por la misma Administración con otro nombre, pero dirigida por las mismas personas.
Por todo esto se hace necesario establecer algún tipo de control también para el controlador, en este caso la propia Administración. En el estado de Quebec, en Canadá, tienen establecido un Comité de seguimiento del Código de Ética de los Organismos Acreditados, que es un modelo interesante porque incluye la creación de un Comité que vigile el cumplimiento de dicho Código. Este comité está formado por:
• Dos representantes de los organismos (agencias de adopción), elegidos por éstos.
• Un representante de las asociaciones de familias adoptivas, elegidos por éstas.
• Un representante del Secretariado, designado por la Dirección (Administración).
• Una quinta persona, elegida cada año por los cuatro miembros designados anteriormente, entre los ciudadanos reconocidos por sus cualidades morales y su implicación en la sociedad en sectores diferentes a la Adopción Internacional.
Los miembros del Comité son nombrados por un año y se reúnen siempre que sea necesario, con un quórum de tres personas. El Comité comunica el resultado de sus deliberaciones a las autoridades apropiadas y vela por el seguimiento de sus mediaciones.
Sin duda, un Comité de este tipo ayuda a que el control de los procesos de adopción sea más efectivo, ya que intervienen no sólo todas las partes implicadas, sino también un miembro ajeno al propio proceso. Puede ser convocado por cualquiera de ellos en caso de denuncia de irregularidades en los procesos o en la actuación de las partes implicadas.
La ley de Adopción Internacional contempla la existencia de un registro de denuncias o quejas, pero el problema es que es la misma administración la encargada de tramitarlas y de resolverlas y hasta ahora se ha mostrado, la mayoría de las veces, incapaz de resolver los conflictos planteados, por ser juez y parte a la vez, ya que ella es la que acredita y se supone que controla la gestión de las entidades colaboradoras.
Mientras los procesos de adopción no sean llevados a cabo por funcionarios públicos en las distintas Comunidades Autónomas y en los servicios consulares de las distintas embajadas españolas en los países de origen, que sería lo ideal para acabar con la corrupción y las irregularidades, es fundamental contar con los medios de control de todos los intervinientes.

El papel de las familias

Las familias adoptantes, que somos el último eslabón de la cadena, a veces somos ignorantes de la situación real y caemos con toda ingenuidad en las manos de agencias desaprensivas, que bajo el aspecto de organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro, contribuyen a la delincuencia institucional que suponen estas prácticas, conocidas y consentidas tanto por los países de origen, como por los países de destino.
Sin embargo, cada vez se conocen más estas situaciones, tanto por la prensa como en los foros de Internet, por lo cual, nosotros, las familias adoptivas, tenemos la responsabilidad de no contribuir a estos delitos, evitando dirigirnos a países de dudosa legalidad, con procesos poco transparentes y que no hayan firmado el Convenio de La Haya, sólo porque allí los requisitos sean menores y los plazos inexistentes, anteponiendo nuestros deseos de maternidad o paternidad a los deseos y derechos de los niños y de sus familias biológicas.
Cuando estos hechos salen a la luz y perdemos la ingenuidad con que solemos empezar un proceso que para nosotros está lleno de alegría, no podemos permitir que estos delitos queden impunes. No podemos consentir que esta alegría nuestra sea a costa de que más niños y niñas sean robados y nos sean presentados como huérfanos, que mujeres sin recursos sean convertidas en máquinas reproductoras o que la pobreza sea motivo para obligar a las madres a entregar a sus hijos e hijas en contra de su voluntad.
Por otra parte, estos niños y niñas se harán mayores y no les será difícil saber que en sus países de origen, cuando ellos eran pequeños, cientos de madres y de familias humildes fueron engañadas o incluso obligadas con amenazas y promesas falsas a entregar a sus hijos y preguntarán. ¿Cómo se podrán justificar estas cosas? ¿Cómo se les podrá hablar sobre su historia y ayudarles a elaborarla, cuando se teme que descubran elementos turbios en su adopción?

Margarita Muñiz Aguilar